martes, 29 de noviembre de 2011

Denuncia Seguro, Parte 2: Cuánto vale el show?


En el post Denuncia Seguro, Parte 1: medidas sin fundamento, les mostramos como este programa de Gobierno no tiene mayor justificación: No existen estudios que lo justifiquen y es dudoso que el Ministerio del Interior tenga competencias para ello, sobre todo porque Carabineros de Chile recibe denuncias anónimas en números mucho más fáciles de recordar (133 y 135 Fono Drogas) y lo hace con éxito, ¿entonces para qué duplicar funciones?.

En este post nos volveremos a referir a la respuesta a nuestra primera consulta usando la Ley de Transparencia: 

Con relación al programa Denuncia Seguro, vengo en solicitar copia digital de los estudios técnicos y jurídicos en los que se basó el diseño del programa. Copia de los actos administrativos dictados con motivo del programa y sus respectivos expedientes, informando si alguno de ellos ha sido objeto de trámite de toma de razón por parte de Contraloría General de la República.

En su respuesta, el Subsecretario de Prevención del Delito, Juan Lira, en lo que dice relación con actos administrativos, señaló (ver oficio de Juan Lira):

“Referente a los actos administrativos dictados con motivo del Programa Denuncia Seguro, adjuntamos Resolución Exenta Nº 5175 de fecha 20 de julio de 2011, Convenio que indica “Campaña Comunicacional Difusión Programa Denuncia Seguro” y Resolución Exenta Nº 5063 de fecha 15 de julio de 2011, Convenio que indica “Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la Adquisición para Adquisición de Software de Call Center”.

Al final de este post podrá revisar el oficio de respuesta y las precitadas resoluciones exentas. ¿Qué quiere decir que sean exentas? Quiere decir que no han pasado por Contraloría General de la República para su análisis de juridicidad, eso es ilegal? No, pues la Contraloría permite que existan materias exentas o en razón a que se efectúan como parte de un convenio Marco. Hasta ahí nada que reprochar.

Sin embargo, podemos observar los siguientes temas, tomen asiento:

1.- La Resolución 5175 adjudicó a la empresa Lowe Porta S.A. la campaña comunicacional por un monto de UF 13.437 más IVA. Es decir casi 300 millones de pesos. Contrario a lo que se usa habitualmente, esto es que el privado realiza el trabajo y después se le paga, la resolución da cuenta que el pago se realizará una vez tramitada la resolución mediante cheque, es decir, antes de conocer la efectividad del trabajo realizado y antes de saber si el trabajo se ajustó a lo contratado.

Lamentablemente no se puede decir mucho más de la contratación pues pese a que pedidos el expediente solo se nos envió la resolución, por lo tanto no pudimos conocer qué tipo de llamado hizo el Ministerio, qué fue lo que pidió, cuáles fueron las ofertas, qué condiciones de pago ofrecieron, quiénes evaluaron las ofertas, y por qué esa oferta fue la mejor, entre otras cosas que se podría averiguar.

2.- Después de un año de operación del Programa, el Ministerio del Interior reconoce la dictación de solo 2 actos administrativos. De una rápida revisión constatamos que el Ministerio olvidó los contratos de al menos dos personas que aparecen contratadas a honorarios. En efecto tras revisar el sitio web del Ministerio aparecen contratadas para el programa (buscar en web de Interior):

Nelson Jorquera Henríquez, Bachiller de la PDI: Asesor del Call Center Denuncia Seguro y el Proyecto Barrio en Paz , del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, quien aparece contratado desde agosto. $ 666.667 mensuales.

Karla Paiva, Apoyo Administrativo en el área Denuncia Seguro y los Centros de Atención a Víctimas, del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. $ 400.000 mensuales. En septiembre aparece con contrato hasta agosto, tal vez falla de  sistema.

En el mismo sitio web aparecen en septiembre otras 9 personas contratadas para servicios de Call Center del Ministerio en diversos programas, pero sobre eso volveremos en nuestro siguiente post de esta serie. En septiembre aparece con contrato hasta agosto, tal vez falla de  sistema.

Por otro lado, constatamos que el Ministerio también debió dictar un acto administrativo con motivo de la contratación del dominio denunciaseguro.cl, como se demuestra en Nic.cl está inscrito a nombre del Ministerio del Interior y Seguridad Pública debiendo al menos efectuar el pago respectivo.



Aquí debemos dejar constancia de dos faltas a la Ley de Transparencia: a) El Ministerio omitió la entrega de los expedientes de los actos administrativos que remitió y además omitió remitir otros contratos asociados al Programa, y b) El Ministerio no mantiene actualizada su web de transparencia activa, a la fecha no existe información de Octubre pese a la obligación de incluirla a más tardar el día hábil 10 de cada mes.

3.- En julio el Ministerio dictó dos resoluciones, una que contrató una campaña comunicacional para el Programa  y otra que aprobaba unas bases de licitación para un ajuste al Call Center. A la fecha de la respuesta, la contratación no había sido perfeccionada, esto no es no se ha firmado el contrato respectivo, ni se ha dictado la Resolución que adjudica la licitación. En efecto, al consultar por la licitación 654478-3-LE11 en www.mercadopublico.cl nos enteramos que esa licitación tuvo fecha de cierre (recepción de ofertas) el 30 de septiembre, bastante después de haber pagado por la campaña comunicacional.

Se presentaron dos ofertas, solo la de Telefónica Empresas S.A. fue aceptada y es por un monto de $ 16.022.191.


El lector al consultar por esa licitación podrá revisar las ofertas técnicas y económicas presentadas, y las preguntas a las consultas de los licitantes, donde se podrá enterar por ejemplo que el Ministerio espera 1000 llamadas diarias solamente, muy poco. Recordemos que Carabineros recibe anualmente más de 13.500.000 de llamadas en el 133, es decir 36 veces más.

Con ello se demuestra que a la fecha no se ha efectuado la actualización del Software de Call Center, por lo que pudiera haber problemas en su operación. Es más el mismo sitio de Mercado Público informa que la adjudicación se realizaría recién en diciembre de 2011.


Se concluye que el Gobierno privilegió la Campaña Publicitaria cuyo costo es de casi $300.000.000, algo muy acorde a sus principios, aunque la seguridad de los denunciantes corra riesgo, algo que le detallaremos en nuestro siguiente Post de esta serie.



Rpta Actos Administrativos Denuncia Seguro


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